Por Ariel Romero
Rendición de cuentas, sombras en la gestión de L.A.
Analizar la gestión gubernamental exige separar la pasión partidaria del rigor institucional. Desde agosto de 2020, el presidente Luis Abinader ha encabezado un proyecto político que se presentó como ruptura ética frente a prácticas tradicionales de clientelismo y opacidad. A seis años de iniciada su administración, el balance obliga a un examen estructural: economía, seguridad, institucionalidad y legitimidad democrática.
1. Estabilidad macroeconómica y narrativa de modernización
En el plano económico, el mandatario de la República Dominicana ha mantenido la retórica de los indicadores de crecimiento superiores al promedio regional, consolidando sectores como turismo, zonas francas, dejando rezagado el sector construcción.
El crecimiento no siempre se traduce en desarrollo cualitativo. Persisten brechas estructurales en educación, salud pública, informalidad laboral y desigualdad territorial.
La pregunta política no es si hay crecimiento, sino quiénes participan realmente de sus beneficios.
2. Seguridad, narcotráfico y cooperación internacional
Uno de los ejes centrales del discurso oficial ha sido la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Se han ejecutado operativos relevantes y se han anunciado decomisos históricos de sustancias ilícitas. No obstante, el fenómeno del narcotráfico en el Caribe no es meramente policial, sino geopolítico y estructural.
Los recientes debates en torno a la cooperación internacional, la DEA y las tensiones sobre su presencia o limitaciones operativas en territorio nacional y su reciente cierre, han abierto interrogantes sobre soberanía, transparencia y coordinación institucional. Cuando se producen ajustes, cierres temporales o redefiniciones de cooperación, el Estado debe comunicar con claridad para evitar interpretaciones y debilitamiento estratégico. Un Estado que combate el narcotráfico necesita legitimidad interna y credibilidad externa.
3. Casos de corrupción y el discurso anticorrupción
El actual gobierno se posicionó como abanderado de la independencia del Ministerio Público y el combate frontal a la corrupción administrativa. Procesos judiciales contra exfuncionarios y empresarios han sido presentados como evidencia de ruptura con la impunidad, a los que llaman hechos históricos.
La institucionalidad anticorrupción no puede depender únicamente de voluntad presidencial, sino de reformas sostenibles en compras públicas, financiamiento político y control del gasto.
La percepción ciudadana no se construye solo con retóricas y expedientes judiciales; también se construye con coherencia y ética institucional. Cuando surgen cuestionamientos vinculados a contrataciones públicas, financiamiento político o posibles conexiones indirectas con redes ilícitas, la respuesta debe ser preventiva, transparente y técnica.
4. Migración, soberanía y tensión regional
Las políticas migratorias han sido defendidas bajo argumentos de seguridad interna. Desde la fe, el tema interpela la conciencia moral y humana; desde la política, interpela la capacidad del Estado de proteger sus fronteras sin vulnerar derechos fundamentales.
5. Fe, ética pública y responsabilidad histórica
La gestión del presidente Luis Abinader puede exhibir avances y una narrativa reformista, pero enfrenta desafíos estructurales en legitimidad institucional, percepción pública y consolidación de reformas profundas. El combate al narcotráfico, la transparencia real y la coherencia ética son pruebas constantes, no consignas.
En un contexto de polarización regional, la República Dominicana necesita fortalecer sus instituciones más allá de los liderazgos individuales.
La historia no evaluará únicamente cifras estadísticas de crecimiento; la historia evaluará la calidad de gestión de gobierno e institucional que el presidente Luis Abinader deje como legado.
